Este martes, 1 de febrero, el Gobierno dará luz verde en el Consejo de Ministros a la Ley de vivienda que, por primera vez, incluirá el control de precios en las zonas más tensionadas. A decir verdad, la aprobación llega un mes después de lo previsto por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, pero las demoras se explican por el informe crítico que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerar que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica". Tras conocerse el documento, Sánchez insistió en que el Gobierno "no invade competencias autonómicas" con la futura normativa.
Y no solo eso. Los retrasos del CGPJ y los consiguientes aplazamientos de la vuelta del anteproyecto al Consejo de Ministros llevaron a Unidas Podemos a cuestionar el compromiso del PSOE con la Ley de Vivienda. De hecho, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, lanzó durante la semana pasada una ronda de contactos con colectivos sociales para hacer frente común y defender los aspectos "más ambiciosos" de la futura Ley de vivienda, ante el temor de que el PSOE se echase atrás.
Por su parte, fuentes del Ejecutivo señalaron que el temor de la formación morada no estaba justificado. Recordemos, pues, que el Gobierno de coalición salvó con el acuerdo de la Ley de vivienda el último escollo para que Unidas Podemos diera el visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. De ahí, la insistencia de UP para que se aprobase cuanto antes en el Consejo de Ministros
Alquiler de vivienda en zonas tensionadas
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva Ley de vivienda es la regulación del precio de los alquileres que, desde que se anunciase, ha causado rechazo en el sector inmobiliario. La nueva norma permitirá limitar el precio de las viviendas arrendadas en las zonas más tensionadas.
Las zonas tensionadas son aquellas regiones que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido de los alquileres, que ha supuesto que los hogares tengan una carga financiera. De momento, y a no ser que este martes anuncien nuevos baremos, se denomina así a aquellas áreas en las que el gasto medio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios de la zona.
Lo más importante a tener en cuenta de este punto es que la declaración de las zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas. De ahí que la ministra del ramo certificase que la nueva Ley "no invade competencias autonómicas".
Bonificaciones fiscales
Así las cosas, en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.
Qué propietarios podrán subir el alquiler
Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato.
Además, en estas zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio. Eso sí, existirá una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la ley hasta que rija el índice de referencia de los precios en las zonas tensionadas.
Vivienda asequible incentivada
Por otro lado, la ley protegerá de forma permanente el parque público de vivienda social, que no podrá ser enajenado. Además, introduce el concepto de vivienda asequible incentivada de titularidad privada, que otorgará beneficios fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios que ofrezcan un alquiler a precios reducidos.
Impuesto a viviendas vacías
Para movilizar la vivienda y evitar los pisos vacíos, el anteproyecto establece recargos del 150% al IBI en la cuota líquida. De esta forma, se abre el abanico del 50% permitido en la actualidad hasta ese 150%. Este recargo máximo se aplicará a viviendas desocupadas durante más de dos años y a propietarios titulares de un mínimo de cuatro viviendas en el mismo municipio.
